Introducción: La Presunción de Inocencia en el sistema de recursos penales.

El derecho fundamental a la presunción de inocencia (Art. 24.2 CE) es la piedra angular de nuestro sistema penal acusatorio. Garantiza que toda persona es inocente hasta que su culpabilidad sea legalmente probada más allá de toda duda razonable. Sin embargo, la invocación de este derecho en las distintas instancias judiciales, y muy especialmente en el Recurso de Casación Penal ante el Tribunal Supremo, presenta particularidades cruciales que todo abogado debe dominar, sobre todo cuando la sentencia impugnada ya ha sido revisada en apelación por un Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El doble examen de la prueba: La Apelación ante el TSJ como garantía previa

Nuestro sistema procesal penal, en línea con las exigencias internacionales (Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), garantiza el derecho a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un tribunal superior. Cuando una sentencia es dictada por una Audiencia Provincial (o en ciertos casos por un Juzgado de lo Penal), esta revisión la realiza el TSJ a través del Recurso de Apelación Penal.

En esta fase de apelación, el TSJ sí tiene competencias para revisar la suficiencia de la prueba de cargo y la racionalidad de la valoración probatoria efectuada por el tribunal de instancia (que sí gozó de inmediación). El TSJ analiza si existió prueba válida y si la motivación de la sentencia de instancia es lógica y respeta las máximas de experiencia. Por tanto, la presunción de inocencia ya ha sido objeto de un control exhaustivo antes de que el asunto pueda llegar al Tribunal Supremo.

El Recurso de Casación: control de legalidad, no tercera instancia fáctica

El Recurso de Casación Penal no es una tercera instancia ni una segunda apelación. Es un recurso extraordinario cuya función primordial es asegurar la correcta interpretación y aplicación de la ley penal (control nomofiláctico) y unificar la doctrina jurisprudencial.

Objeto del Recurso: La sentencia que se recurre en casación en estos supuestos es la dictada por el TSJ en apelación.

Ausencia de Inmediación: El Tribunal Supremo no presencia la práctica de las pruebas personales. Su conocimiento de los hechos se limita a lo reflejado en las actuaciones y, fundamentalmente, a la valoración ya realizada y revisada por los tribunales inferiores.

Alcance del control casacional sobre la Presunción de Inocencia (Post-TSJ)

Dado este marco, el control que ejerce el Tribunal Supremo sobre la presunción de inocencia cuando revisa una sentencia de un TSJ es necesariamente limitado y específico. No consiste en una nueva valoración de la prueba, sino en un control sobre la racionalidad y legalidad del juicio de revisión efectuado por el TSJ. Concretamente, el Tribunal Supremo verifica si el TSJ:

Se mantuvo dentro de los límites de revisión que le corresponden en apelación.

Aplicó correctamente la doctrina constitucional y jurisprudencial sobre la necesidad de motivación de la valoración probatoria.

Respetó las garantías sobre la obtención y práctica de pruebas válidas.

Resolvió las alegaciones sobre la existencia de prueba de cargo de forma racional, es decir, conforme a la lógica, la experiencia y la ciencia.

Lo que el Tribunal Supremo NO Hace: la imposibilidad de revalorar la prueba

Es crucial entender qué queda fuera del ámbito casacional en relación con la presunción de inocencia:

No Revalora la Prueba: El TS no vuelve a valorar la credibilidad de los testigos, la contundencia de los informes periciales o el significado de los documentos. Carece de la inmediación necesaria para ello.

No «Pesa» las Pruebas: No entra en el «juego de la balanza» para decidir si la prueba de cargo supera a la de descargo según su propio criterio. Esa ponderación corresponde a la instancia y su revisión en apelación.

No Sustituye el Criterio Inferior: La función del TS no es sustituir la convicción motivada del tribunal de instancia (validada racionalmente por el TSJ) por la suya propia, sino controlar que esa convicción se haya alcanzado de forma legal y racional.

La Prueba Indiciaria: requisitos y su control en Casación

Cuando la condena se basa en prueba indiciaria (circunstancial), el control casacional sobre la presunción de inocencia se centra en la racionalidad de la inferencia realizada por los tribunales inferiores y validada por el TSJ. Se verifica si:

Los indicios base están plenamente acreditados por prueba directa.

Los indicios son plurales (generalmente) y están interrelacionados.

La inferencia (la conclusión sobre el hecho delictivo) se ajusta a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia.

La motivación judicial explica claramente el razonamiento deductivo que lleva de los indicios al hecho consecuencia.

Se han descartado racionalmente otras posibles inferencias o hipótesis alternativas.

El TS no reconstruye la prueba indiciaria, sino que controla la solidez y racionalidad del discurso argumentativo plasmado en la sentencia del TSJ al revisar la inferencia del tribunal de instancia.

Cómo articular correctamente el motivo por Presunción de Inocencia en Casación

Dada la limitación del control casacional, la estrategia al alegar la vulneración de la presunción de inocencia ante el TS (tras revisión por TSJ) debe ser muy precisa:

Error común a evitar: El error más frecuente es repetir los mismos argumentos de valoración probatoria expuestos en la apelación ante el TSJ, intentando que el TS reconsidere la credibilidad de las pruebas o realice una ponderación alternativa. Esto está abocado a la desestimación, ya que excede el ámbito funcional de la casación. No se puede pedir al TS que «elija» entre pruebas o valore la «insuficiencia» del peso probatorio como si fuera una nueva apelación.

Enfoque correcto: La impugnación debe centrarse exclusivamente en la sentencia del TSJ y atacar la racionalidad, logicidad y motivación de su análisis al revisar la valoración probatoria de la instancia. Se debe argumentar que el TSJ erró al validar la condena porque:

Confirmó una valoración de la prueba de instancia que era manifiestamente ilógica, irracional o arbitraria.

Validó una condena basada en prueba inexistente o nula.

No aplicó correctamente la doctrina sobre las garantías probatorias o sobre la motivación exigible.

Realizó una inferencia indiciaria irrazonable o validó una que lo era.

Argumentos Válidos: La queja debe dirigirse a demostrar una quiebra estructural en el razonamiento del TSJ, no una mera discrepancia valorativa. Se trata de evidenciar que la conclusión del TSJ sobre la suficiencia de la prueba de cargo es insostenible desde un punto de vista lógico y racional.

Distinción con Apelación: Es vital recordar que el Recurso de Apelación Penalpermite una revisión más amplia de la valoración probatoria. El Recurso de Casación Penal en esta configuración, en cambio, exige un enfoque mucho más técnico y limitado al control de la racionalidad de la decisión de apelación.

Conclusión: racionalidad y motivación como claves del control casacional

En definitiva, si bien el derecho a la presunción de inocencia acompaña al acusado durante todo el proceso, su control en sede casacional por el Tribunal Supremo, cuando ya ha existido una revisión en apelación por el TSJ, se transforma. No es una oportunidad para reabrir el debate sobre los hechos o la credibilidad de las pruebas, sino un control externo sobre la racionalidad y la suficiencia de la motivaciónempleada por el tribunal de apelación al ejercer su función revisora. La tarea del abogado en casación es, por tanto, identificar y argumentar posibles quiebras lógicas o arbitrariedades en ese razonamiento revisor, y no pretender una inviable tercera valoración de la prueba.

Introducción: El engaño bastante y la polémica de la «autotutela»

El delito de estafa, tipificado en el Artículo 248 del Código Penal, exige como elemento nuclear la concurrencia de un «engaño bastante» por parte del autor, capaz de producir error en otro y moverle a realizar un acto de disposición patrimonial perjudicial. Una de las cuestiones más debatidas en la práctica forense y en la jurisprudencia ha sido determinar hasta qué punto la posible falta de diligencia, ingenuidad o «falta de autoprotección» de la víctima puede excluir la suficiencia de ese engaño y, por tanto, la tipicidad del delito. ¿Debe el derecho penal proteger únicamente a los ciudadanos más perspicaces y desconfiados, o también a aquellos que actúan de buena fe? La doctrina actual del Tribunal Supremo ofrece una respuesta clara y restrictiva a la invocación de la falta de autotutela de la víctima.

El «engaño bastante»: elemento nuclear del Delito de Estafa

Para que exista estafa, el engaño desplegado por el sujeto activo debe ser «bastante», es decir, idóneo y suficiente para provocar el error en la víctima que conduce al acto de disposición. Esta idoneidad se valora considerando:

Módulos Objetivos: Las características de la propia maniobra engañosa, su elaboración y verosimilitud en el contexto social o negocial en que se produce.

Condiciones Subjetivas: Las circunstancias personales de la víctima (edad, formación, relación previa con el autor, etc.), que pueden hacerla más o menos vulnerable al ardid específico utilizado.

El engaño debe ser la causa del error, y este, a su vez, la causa del acto de disposición perjudicial.

La Doctrina de la autoprotección o autotutela: un concepto restringido

Históricamente, diversas líneas argumentales intentaron dar relevancia a la conducta de la víctima para negar la tipicidad de la estafa, bajo distintas denominaciones (autoprotección, autorresponsabilidad, deber de diligencia). Se argumentaba que si la víctima, con una diligencia mínima, hubiera podido descubrir el engaño, este no sería «bastante», o que se rompía la relación de causalidad, o que la norma no pretendía proteger a quien no se autoprotegía.

Sin embargo, la jurisprudencia más reciente y consolidada del Tribunal Supremo ha limitado drásticamente la relevancia de la falta de autoprotección de la víctima, criticando los riesgos de estas doctrinas:

Riesgo de Desplazar la Responsabilidad: Exigir una diligencia extraordinaria a la víctima supone, en la práctica, trasladar la responsabilidad del engaño desde el autor (que actúa dolosamente) hacia el perjudicado, culpabilizándolo por su posible descuido o confianza.

Incoherencia Sistemática: Resultaría paradójico desproteger penalmente a la víctima de una estafa por cierta negligencia (frente a un engaño activo), cuando el propio Código Penal protege a quien sufre un perjuicio patrimonial por un error no inducido por engaño, si quien recibe indebidamente no lo devuelve (Art. 254 CP).

Contra el Principio de Confianza: Exigir una autotutela extrema minaría el principio de confianza y buena fe que es indispensable para el funcionamiento de las relaciones sociales y mercantiles. No se puede imponer a los ciudadanos una actitud de sospecha sistemática y universal.

La visión actual y restrictiva del Tribunal Supremo

La doctrina vigente se puede resumir en los siguientes puntos clave:

Regla General: El Engaño Eficaz es Engaño Bastante: Como punto de partida, si la maniobra engañosa del autor ha sido eficaz y ha conseguido inducir a error a la víctima llevándola a realizar el acto de disposición, ese engaño debe considerarse, en principio, «bastante». Es difícil sostener que un engaño que ha consumado la estafa no era suficiente.

La excepción restrictiva: El engaño burdo: La única excepción a esta regla general se da cuando el engaño es objetivamente burdo, grosero, esperpéntico o absolutamente increíble para cualquier persona con una mínima capacidad de discernimiento y un mínimo deber de cuidado elemental en el contexto concreto. Solo en estos casos de inidoneidad objetiva y palmaria del engaño, puede decirse que el error de la víctima no deriva realmente de la maniobra del autor, sino de su propia credulidad o negligencia inexcusable.

El foco en la conducta del Autor: La suficiencia del engaño se mide principalmente en función de la actividad desplegada por el sujeto activo y su capacidad objetiva para inducir a error en ese contexto, no en función de la mayor o menor perspicacia o diligencia específica de la víctima concreta. El derecho penal protege también a los confiados y a los menos diligentes frente a engaños idóneos.

Fundamentos de la Doctrina actual: confianza y fines del Derecho Penal

Esta interpretación restrictiva de la autotutela se basa en consideraciones fundamentales:

Necesidad de confianza: Las relaciones sociales y económicas requieren un nivel básico de confianza mutua para funcionar. El ordenamiento jurídico, incluido el penal, debe proteger esa confianza frente a ataques dolosos.

Fines de protección penal: El tipo de estafa busca proteger el patrimonio frente a ataques mediante engaño. No exige que la víctima sea especialmente astuta o desconfiada. Criminalizar el aprovechamiento de la buena fe o la credulidad ajena mediante ardides idóneos es coherente con esta finalidad protectora.

Evitar la victimización secundaria: Culpabilizar a la víctima por no haber sido suficientemente precavida supone una victimización secundaria que el derecho debe evitar. La responsabilidad principal recae en quien crea el riesgo mediante el engaño doloso.

Criterios prácticos para evaluar la suficiencia del engaño

A la hora de valorar si el engaño es «bastante», deben considerarse los siguientes criterios, derivados de la doctrina actual:

Analizar primordialmente la naturaleza y elaboración de la maniobra engañosa del autor.

Valorar la idoneidad objetiva del engaño en el contexto social o negocial específico.

Considerar las condiciones particulares de la víctima, pero sin exigirle un nivel de diligencia o suspicacia extraordinarios.

Excluir la tipicidad únicamente si el engaño es tan burdo o irreal que no podría razonablemente engañar a una persona mínimamente atenta en esas circunstancias.

Recordar que la consumación efectiva de la estafa es un fuerte indicio (aunque no absoluto) de la suficiencia del engaño.

Implicaciones estratégicas en la defensa y acusación por Estafa

La correcta comprensión de esta doctrina es vital para la estrategia procesal en casos de estafa:

Argumento Defensivo (Muy Limitado): La línea de defensa basada en la «falta de autoprotección» de la víctima tiene hoy muy pocas probabilidades de éxito, salvo que se pueda acreditar de forma sólida y objetiva que el engaño era absolutamente burdo e incapaz de inducir a error a nadie. Alegar simplemente que la víctima fue «ingenua», «descuidada» o «no comprobó lo suficiente» no suele ser bastante para excluir la tipicidad. La defensa debe centrarse preferentemente en negar la existencia del engaño, del error, del acto de disposición, del perjuicio, del dolo o de la relación causal.

Argumento Acusatorio: La acusación debe esforzarse en probar la maniobra engañosa desplegada por el autor y su idoneidad objetiva para producir el error en las circunstancias concretas del caso, así como la relación causal con el acto de disposición. No necesita probar una diligencia exquisita por parte de la víctima.

Recursos: En el Recurso de Apelación Penal, se puede discutir ampliamente la valoración de la prueba sobre la existencia y suficiencia del engaño. En el Recurso de Casación Penal, si se invoca infracción de ley (Art. 849.1 LECrim) por indebida aplicación del Art. 248 CP, el debate se centrará en si el tribunal de apelación (Audiencia o TSJ) aplicó correctamente esta doctrina restrictiva del Tribunal Supremo sobre el engaño bastante y la autoprotección, partiendo siempre de los hechos declarados probados. Alegar que el TSJ erró al no apreciar falta de autotutela será difícilmente estimado si el engaño no era objetivamente burdo.

Conclusión: La Estafa protege la buena fe y la confianza, no solo a los más diligentes

La consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre el «engaño bastante» en la estafa establece claramente que el foco principal debe estar en la conducta del defraudador y en la idoneidad de su ardid para viciar el consentimiento de la víctima y provocar el perjuicio patrimonial. Salvo en supuestos excepcionales de engaños objetivamente absurdos o increíbles, la posible falta de diligencia o la confianza depositada por la víctima no eximen de responsabilidad penal al autor del engaño. El derecho penal protege el patrimonio y la buena fe en las relaciones sociales y económicas, sin exigir a los ciudadanos una actitud de permanente sospecha que haría inviable la convivencia y el tráfico jurídico.

La Sentencia número 350/2025, de 10 de abril, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Recurso de Casación 7569/2022), se pronuncia sobre un recurso interpuesto contra una condena por delito contra la salud pública. Este fallo resulta de especial interés para analizar una cuestión recurrente en la praxis judicial: la posible vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio durante la práctica de registros simultáneos.

¿Puede la ausencia del detenido en registros domiciliarios simultáneos vulnerar la inviolabilidad del domicilio?

El primer motivo del recurso alegaba la vulneración del derecho a la intimidad domiciliaria (artículo 18.2 CE) y a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE). La recurrente sostenía que, estando detenida, no pudo estar presente en todos los registros domiciliarios practicados, sino solo en uno, lo que a su juicio contravenía el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El Tribunal Supremo recuerda que, si bien la jurisprudencia mayoritaria exige la presencia del investigado detenido durante el registro, existen supuestos en los que dicha presencia no es posible. Uno de estos supuestos es la imposibilidad física, como ocurre en casos de registros simultáneos. En el caso analizado, la recurrente estuvo presente en el registro de su vivienda, y su ausencia en los demás se debió a la simultaneidad de las actuaciones.

¿Cuál es el criterio del Tribunal Supremo sobre la presencia del «interesado» en un registro domiciliario?

El Alto Tribunal aborda la interpretación del término «interesado» en el artículo 569 LECrim. Señala que, aunque ha habido vacilaciones, la postura mayoritaria considera «interesado» a la persona objeto de la pesquisa policial, cuyas repercusiones procesales y penales se pueden derivar del registro. Por ello, se precisa su presencia si está detenido, incluso si no es el titular del domicilio. No obstante, el Tribunal enfatiza que esta exigencia cede ante circunstancias que imposibilitan materialmente dicha presencia, como la no localización del investigado, su negativa a asistir (si no está detenido), o, como en el caso, la práctica de registros simultáneos en diferentes ubicaciones, donde físicamente no puede estar en todos ellos.

¿Cuál fue la decisión final del Tribunal Supremo en este recurso?

En virtud de los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación. Concluyó que no existió vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, dado que la ausencia de la recurrente en algunos registros se justificó por su simultaneidad. Asimismo, consideró que la valoración de la prueba por el Tribunal de apelación fue racional y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. En consecuencia, se confirmó la condena y se impusieron las costas procesales a la recurrente.

Texto de la sentencia:

«aunque en el periodo enjuiciado el tratamiento policial de los datos médicos correspondientes a un individuo podía abordarse si era «absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta», y no existía una previsión específica que impusiera la previa autorización judicial que actualmente impone la LO 7/2021, esta jurisdiccionalidad de la actuación investigativa venía fijada por la doctrina constitucional reflejada en las SSTC 206/2007 y 142/2012, anteriormente analizadas.

Interesante referencia a la doctrina constitucional, normativa europea y doctrina de la Sala Segunda relativa a esta materia.

Extracto adicional de la Sentencia:

Pero existen otros supuestos en los que, por existir una expectativa socialmente generalizada de intimidad, o por la singularidad cuantitativa y cualitativa con que se puede lesionar el contenido del derecho, hemos proclamado que la intromisión en la privacidad para abordar la investigación criminal, exige de la autorización jurisdiccional de quien tiene directamente encomendada la investigación y es garante de que exista una adecuada correspondencia entre los intereses constitucionales en conflicto. Supuestos en los que, a falta de contarse con una autorización del titular del derecho y antes incluso de que el legislador se pronunciara de modo expreso sobre la facultad de abordar tales injerencias, establecimos que la intromisión en la intimidad, por su intensidad o proximidad a otros derechos, precisaba de la autorización del Juez.

Es el caso, antes de someterse a una regulación legal específica, de la colocación de balizas para el seguimiento de vehículos( STS 610/2016, de 7 de julio), o del acceso a la identidad del titular de un terminal, teléfono o contrato de una determinada IP ( STS 680/2010, de 14 de julio). Algunos supuestos, incluso, establecidos por su proximidad a otro derecho fundamental, como el de autodeterminación informativa derivado del artículo 18.4 de la Constitución Española ( SSTS 489/2018, de 23 de octubre o 462/2019, de 14 de octubre), como acontece con la inicial exigencia jurisprudencial de contarse con autorización judicial para indagar el contenido de dispositivos de almacenamiento masivo de información digital, hoy plasmada en el artículo 588 sexies c de la ley procesal, salvo para supuestos de urgencia (apartado 4 del artículo indicado).

Esencial el desarrollo jurisprudencial de la Sala Segunda en vía casacional a partir de ahora, respecto del nuevo marco legal vigente tras la transposición en España de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, como cuestión de legalidad ordinaria, así como vulneración de trascendencia constitucional (art. 18 CE).

En el caso concreto supuso la nulidad del medio de prueba y de los derivados del mismo (art. 11 LOPJ), en consecuencia la casación de la sentencia por vulneración de precepto constitucional y como motivo anidado al anterior, la absolución por presunción de inocencia ante la insuficiencia de la prueba de cargo existente contra el acusado.

« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Artículo 4, puntos 4 y 6 — Motivos de no ejecución facultativa — Requisito de que los hechos sean competencia del Estado miembro de ejecución según su propio Derecho penal — Condena no firme — Orden de detención europea dictada para el ejercicio de acciones penales »

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1)      El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución de una orden de detención europea no puede denegar la ejecución de esta sobre la base de dicha disposición cuando no se ha dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad.

2)      El artículo 4, punto 4, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución de una orden de detención europea no puede denegar la ejecución de esta sobre la base de dicha disposición en caso de que los hechos no sean competencia del Estado miembro de ejecución según su propio Derecho penal, aun cuando el delito o la pena hubiese prescrito conforme a la legislación aplicable del referido Estado miembro.

Breve extracto sobre la Denegación Facultativa de la Orden Europea de Detención: Análisis de la STJUE C‑481/23 [Sangas]

La cooperación judicial en materia penal dentro de la Unión Europea relativa al mecanismo de la Orden de Detención Europea (ODE), está regulado por la Decisión Marco 2002/584/JAI.

Dicha norma establece un sistema ágil de entrega de personas basado en el principio de reconocimiento mutuo. No obstante, contempla motivos tasados para la denegación de la ejecución, tanto obligatorios (Art. 3) como facultativos (Art. 4 y 4 bis). La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de abril de 2025, en el asunto C‑481/23 [Sangas], arroja luz sobre la interpretación estricta de dos de estos motivos facultativos de denegación: el relativo a la residencia de la persona reclamada (Art. 4.6) y el referente a la prescripción (Art. 4.4).

Artículo 4 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002

Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea

La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la Orden de Detención Europea:

4) cuando haya prescrito el delito o la pena con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución y los hechos sean competencia de dicho Estadomiembro según su propio Derecho penal;

6) cuando la orden de detención europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y éste se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno;

Contexto del Caso Sangas (C-481/23): ¿Qué motivó la consulta al TJUE?

El caso se origina con una ODE emitida por la Audiencia Nacional española contra JMTB, ciudadano español residente en Rumanía. JMTB había sido condenado en primera instancia en España por delitos fiscales y blanqueo de capitales, pero la sentencia no era firme al haberse interpuesto recurso de casación. Ante la fuga del acusado, se emitió la ODE. Las autoridades rumanas (Curtea de Apel Alba Iulia) denegaron la ejecución invocando dos motivos facultativos: (1) la residencia del reclamado en Rumanía (amparándose en una interpretación extensiva del Art. 4.6) y (2) la prescripción de los delitos según la ley rumana (invocando el Art. 4.4), a pesar de que los hechos delictivos ocurrieron íntegramente en España. La Audiencia Nacional, al dudar de la correcta aplicación de la Decisión Marco por parte de las autoridades rumanas, elevó cuestiones prejudiciales al TJUE.

¿Cuándo puede un Estado denegar la entrega de un residente si la condena no es firme (Art. 4.6 Decisión Marco 2002/584)?

El TJUE es taxativo al interpretar el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco. Este precepto permite denegar la ejecución si la ODE se dicta para la ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad, la persona es nacional o residente del Estado de ejecución, y este último se compromete a ejecutar dicha pena. El Tribunal subraya que el propósito específico para el que se emite la ODE es determinante. En el caso Sangas, la condena no era firme y la ODE se basaba en un auto de prisión provisional dictado para asegurar la presencia del acusado durante el proceso penal pendiente (ejercicio de acciones penales). Por tanto, la ODE no fue dictada «a efectos de ejecución de una pena». Consecuentemente, el TJUE concluye que la autoridad judicial de ejecución no puede invocar el motivo del Art. 4.6 si la ODE se emite para el ejercicio de acciones penales, aunque exista una condena no firme.

¿Puede invocarse la prescripción del delito según la ley local si el Estado de ejecución no es competente (Art. 4.4 Decisión Marco 2002/584)?

Respecto al artículo 4, punto 4, que permite la denegación si el delito o la pena han prescrito según la ley del Estado de ejecución y los hechos son competencia de dicho Estado miembro según su propio Derecho penal, el TJUE reitera su carácter estricto. La sentencia enfatiza que ambos requisitos son acumulativos. Es decir, no basta con que el delito hubiese prescrito hipotéticamente bajo la ley del Estado de ejecución; es indispensable, además, que dicho Estado tenga competencia jurisdiccional sobre los hechos según su propia legislación interna. En el caso analizado, los delitos fiscales se cometieron íntegramente en España y afectaban a la Hacienda Pública española. Por ello, los tribunales rumanos carecían de competencia. Al no cumplirse este segundo requisito, el TJUE declara que la autoridad de ejecución no puede aplicar el motivo de denegación del Art. 4.4basado en la prescripción, aun cuando el plazo prescriptivo rumano se hubiera cumplido.

¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para la cooperación judicial penal?

La sentencia C-481/23 [Sangas] refuerza varios principios clave del sistema de la ODE.

Primero, consolida el principio de reconocimiento mutuo al limitar las posibilidades de denegación facultativa a una interpretación estricta de los supuestos tasados en la Decisión Marco.

Segundo, clarifica que los motivos de denegación no pueden ser aplicados analógicamente o de forma extensiva; el Art. 4.6 se reserva exclusivamente para ODEs de ejecución de penas firmes, y el Art. 4.4 exige ineludiblemente la competencia del Estado de ejecución sobre los hechos.

Tercero, impide que la residencia en el Estado de ejecución se convierta en un escudo frente a procesos penales en curso en otros Estados miembros.

Finalmente, subraya que la prescripción sólo puede ser alegada por el Estado de ejecución si ostenta jurisdicción penal sobre los hechos subyacentes. Esta decisión aporta seguridad jurídica y promueve la eficacia del mecanismo de la ODE.